Llama poderosamente la atención conocer que el hermano de Maria Antonieta Alva, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se desempeñe actualmente como Consejero Legal del Vicepresidente Legal del Banco Mundial (BM), organismo internacional del cual el gobierno de Martín Vizcarra obtiene prestamos multimillonarios que generan deuda a largo plazo e “hipotecan” al país por décadas.
Así, levanta sospechas que la novel ministra del MEF, vía Resolución Ministerial fechado el 15 de abril de 2020, haya resuelto que el gobierno peruano podrá emitir bonos por US$ 3,000 millones. Sucede que esta resolución contiene la aprobación del contrato de servicios de la Firma de abogados que asesoró a la corporación Graña y Montero: Simpson Thacher. ¿Coincidencia? Démosle el privilegio de la duda, y prosigamos.
A través de la Resolución Ministerial en mención, el MEF contrata a la Firma de abogados peruana que asesoró a la célebre y corrupta Odebrecht. Otra perla que hace levantar la ceja del más fiel seguidor de María Alva. Los documentos que acreditan tal representación legal son públicos e innegables. Por si fuera poco, y para finalizar el coctel de sucesos altamente sospechosos, la misma resolución aprueba la contratación de The Bank of New York Mellson, en calidad de Agente de Listado de Pago y de Transferencia en Luxemburgo.
El agente en mención es nada menos que accionista mayoritario de Graña y Montero, con un porcentaje de participación equivalente al 25% -según Hecho de Importancia dirigido a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) fechado el 14 de enero de 2020-. ¿Otra coincidencia? Pues ya no parece tanto.
Hasta aquí, esta información se da producto del tracto sucesivo de decisiones/aprobaciones que la ministra rubrica con puño y letra. Se desconoce si hizo algún deslinde sobre las sospechas que sus decisiones, naturalmente, generan. Las investigaciones futuras nos lo dirán.
A esto, desafortunadamente para la ministra, se unen sospechas de que empresa de su padre se vincule en relaciones comerciales con compañías mineras deudoras al Estado peruano, y empresas que podrían haber participado en la promocionada colocación de bonos/deuda en el mercado externo.
Aficionados al régimen Vizcarrista intentan, fallidamente, quitarle relevancia a la familiaridad de los Alva en torno al violento endeudamiento que ha asumido el Perú con ocasión de la crisis sanitaria, supuestamente. Lo cierto es que, a lo largo del periodo de cuarentena, los peruanos experimentamos la sensación de un inminente despilfarro económico por endeudamiento internacional. Uno que se gesta a costa del Estado de Emergencia y del terror generalizado en el país. No es para menos si tomamos en cuenta que la recesión que enfrentamos no tiene precedente alguno, y que la clase media se extingue conforme pasan los días en confinamiento.
Los cuestionamientos no cesan, y es que extraña que el multimillonario endeudamiento peruano haya sido generado a pesar de que los pliegos ministeriales no han usado un porcentaje significativo de su presupuesto asignado. Hay mucho por explicar.
Teniendo en cuenta la consejería legal que Jorge Luis Alva-Luperdi (hermano de la ministra del MEF) presta en favor del Banco Mundial (BM) es importante recordar que, según legislación orientada a trasparentar la función pública de los servidores del Estado, estos están impedidos de realizar coordinaciones donde sus vínculos familiares, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes y funciones propios del cargo. ¿Es posible que María Alva ignore legislación tan elemental para desempeñarse en el cargo? ¿Acaso asumió que nadie iba a identificar que la aprobación de contratos y operaciones son por demás sospechosas? ¿Está convencida que no habrá investigación formal?
Recordemos que la titular del MEF estuvo al frente de la operación financiera (emisión de deuda), y la promocionó, altisonante, a través de su cuenta Twitter -red social que utiliza para abrir hilos de comunicación-. Pese a los cuestionamientos por tamaño endeudamiento que muchos consideramos innecesario, Alva cerró la operación y hoy el Perú asume una nueva deuda millonaria que se carga a la cuenta nacional y que soportaremos con nuestros impuestos por delante los próximos años (confinados o no).
Sometida a la crítica pública, la ministra Alva debe entender que no puede jugar a salvar el mundo experimentando alegremente con el erario nacional, menos aun cuando la población concentra energías en sobrevivir a la pandemia por COVID-19.
Evidencias de conductas sospechosas de la Titular de Economía sobran, además de las ya expuestas. No olvidemos las reuniones sostenidas a puertas cerradas -hasta cinco veces- con Raimundo Morales, hijo del fundador de PRIMA AFP. Asimismo, está el escandaloso y nefasto manejo que la directora de Compras Perú (Oficina adscrita al Ministerio de Economía) realizó al frente de las adquisiciones de mascarillas, pruebas serológicas en exceso, test moleculares sin equipos, respiradores ineficaces e incompletos. Tema aparte es el programa Reactiva Perú, que no termina de activarse y genera incertidumbre en el grueso de empresarios.
La pregunta es: ¿Maria Antonieta Alva es una “servidora pública” corrupta? Por supuesto que la cadena de hechos descritos puede sostener tal conjetura.
Notifíquenle que esto va investigarse, y que las posibilidades de que termine en la cárcel son elevadas si es que se logra determinar responsabilidad dolosa.
