El gobierno de EEUU es implacable y estricto cuando se trata de la contaminación de sus aguas, pero no le interesan los crímenes ambientales que cometen sus trasnacionales (Newmont, Doe Run y otros) en Perú y Latino América. Los US$7.8 mil millones que la British Petroleum (BP) acordó entregar a los miles de damnificados del derrame de petróleo en el Golfo de Méjico (4.9 millones de barriles) solo es el inicio de una batalla legal que tiene que enfrentar en las cortes federales para resolver la multa que debe pagar al gobierno de ese país por el crimen ambiental de derramar petróleo al mar durante 48 días el 2010. Expertos indican que esa penalidad alcance los US$40 mil millones de dólares. Esa cantidad no lo sacan como al conejo de un sombrero, son montos estimados de los danos específicos al ecosistema. BP estima en US$37.2 mil millones su gasto total del derrame, dice que gasto US$22.1 millones en el desastre, incluyendo el pago de US$8.1 mil millones a individuos (por los 11 muertos y más de 100 heridos), a los negocios y el gobierno, y cerca a US$14 mil millones para parar y limpiar el derrame de petróleo.
Son muy pocas las trasnacionales que se le enfrentan al gobierno de EEUU en los juzgados, la mayoría terminan pagando las penas civiles y así evitan un juicio prolongado y el desprestigio en los medios públicos. De acuerdo a la Ley del Agua en EEUU (Clean Water Act), generalmente la multa pagan en casos de derrame de petróleo, dependiendo del ecosistema afectado (agua, aire, sedimentos, tierras, aves, peces, vida marina, etc.) es de US$1,100 a US$4,000 por barril de petróleo derramado. A esto se agrega los montos por actos de negligencia. El gobierno de EEUU estima en unos US$20 mil millones de multa aparte de lo que BP ya pago a las víctimas y damnificados.
Mientras en EEUU sancionan a los contaminadores, en Perú los gobiernos de turno impulsan una catástrofe ambiental. Veamos algunos ejemplos. El regulador energético de Perú, Osinerg, multó al consorcio de transporte de gas natural TGP con la irrisoria suma de US$1 millón por daños ambientales provocados durante la construcción del ducto desde el proyecto Camisea a la ciudad capital Lima, las infracciones incluyen la construcción de una vía de acceso sin un estudio de impacto ambiental (EIA), tala de bosques en reservas naturales sin autorización y excesiva apertura de vías alrededor del ducto, provocando erosión y varios derrames de gas natural.
El 2004, OSINERG "suspendió" la explotación de petróleo de 12 pozos de la empresa Pluspetrol "que ha provocado la destrucción de extensas áreas forestales, exterminio de la fauna, y la muerte, por contaminación irreversible, de varios ríos amazónicos, sobretodo del Corrientes, que ahora es un río salado, como el Mar Muerto, en Israel. En las Baterías de Producción de "Forestal", "Shivayacu", "San Jacinto", "Huayuri" y "Jíbaro", ubicados en el Lote 1-AB, se vertían agua saladas sin mediar prevención alguna. Es decir, destruyó, de forma irreversible, aguas dulces y espacios circundantes a sus campamentos" (noticiastrujillo.pe, 27-4-2005). Pluspetrol presentó un recurso de apelación contra la resolución Nº 117-2005-OS/GFH de OSINERG y en menos de un mes, el gobierno de Toledo anulo la mentada "suspensión" debido a los lazos de poder y lobby que manejan empresas como Pluspetrol para poder operar "sin ningún contratiempo". Gente del gobierno de entonces como Herrera Descalzi, Ferrero Costa, PPK y otros tienen lazos con esa trasnacional. Pluspetrol apenas pago la multa de S/. 1'980,000.00 Nuevos Soles (cerca a 600 mil dólares) por un desastre talvez mayor que la de BP en el Golfo de Méjico, una bicoca para una empresa como PLUSPETROL que mueve miles de millones de dólares.
Otro derrame de Pluspetrol cerca a la comunidad de Villa Trompeteros el 24 de septiembre del 2010 (http://elcomercio.pe/noticia/501684). Por lo menos 500 barriles de petróleo fueron derramados al romperse una válvula y el petróleo contamino el rio Marañón en un tramo de 20 kilómetros. Los pobladores de 11 comunidades representados por Aidesep se movilizaron debido a que no podían beber agua del rio ni pescar debido a los contaminantes tóxicos, orgánicos y carcinógenos (como el benceno) presente en las aguas. El ministro del ambiente, el aprista Antonio Brack rápidamente se coludió con la trasnacional al anunciar que "solo 3 barriles" de petróleo fue derramado. La trasnacional se salió con la suya sin recibir ninguna sanción del gobierno aprista.
Esa es la realidad de nuestro país que ha abdicado la defensa de nuestra soberanía y las riquezas naturales de la nación esta situación no ha cambiado sustancialmente hasta hoy día donde el gobierno de Humala, que paradójicamente se autodenomina "nacionalista", igual que sus predecesores promueve el crimen ambiental impulsando el saqueo de los recursos naturales.
William Palomino. Febrero 6, 2012.
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