LA LEY LATAM

Alan Fairlie

El Congreso de la República aprobó esta semana en primera votación partida (57 vs 41), el Proyecto de Ley 551 promovida por el Fujimorismo, que restituye los beneficios tributarios para la compra de bienes aeronáuticos de la ya fenecida Ley 29624, por 5 años adicionales. Dicha Ley anterior establecía un régimen de admisión temporal de aeronaves y materiales aeronáuticos que estuvo vigente del 2010 hasta el 2015.

Originalmente el Proyecto de Ley 551 consideró su alcance para todas las personas naturales y jurídicas establecidas en la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, es decir “…todas aquellas dedicadas al transporte aéreo de pasajeros o carga, transporte aéreo especial, trabajo aéreo, así como aviación general, aeroclubes, escuelas de aviación, aviación aerodeportiva, y talleres de mantenimiento de aeronaves y estaciones reparadoras ubicadas en el territorio nacional, en lo que sea aplicables” (Ley 551 ).

Informe de SUNAT

Según el informe de la SUNAT de Oficio 280-2017-SUNAT que adjunta Informe No. 50-2017 SUNAT/390000, en respuesta a la solicitud del Congresista Horacio Zevallos de Nuevo Perú, en el periodo 2010 al 2015 el estado peruano en aplicación de la ley 29624, dejó de percibir impuestos por concepto de IGV (impuestos suspendidos) por un monto total de USS 1,767 millones, beneficiando en total a 66 empresas.

De dicho total, el 75% está concentrado en la empresa LATAM, lo que alcanza la suma de US$ 1,341 millones. La segunda empresa más beneficiada fue TACA-Trans America Air Lines, con US$ 225 millones; seguida por Helicópteros del Sur, US$37 millones; Servicios Aéreos de los Ándes, US$19 millones; LC Burse, US$17 millones, Ecocopter Perú, US$ 12.7 millones; Heliamerica, US$ 11 millones; Helicopter Peru, US$ 10.5 millones; Aero Transporte S.A ATSA, US$ 9.4 millones (Ver Cuadro Informe SUNAT parcial adjunto final de Nota).

Latam Airlines Perú, reconoció que la aerolínea no pagó IGV por cinco años, pero justifico ello porque se acogió a la Ley 29624 y no porque se le dio una exoneración (¿?). Su política es la de acogerse al régimen de internamiento temporal, que no grava IGV, impuesto que solo se paga si hay internamiento definitivo, y eso no ha ocurrido en los 18 años que opera en el país (Antonio Olórtegui, gerente de Asuntos Corporativos, La Republica, 25.10.2017)

Sin embargo, es conocido que LATAM es la línea aérea que concentra el servicio y los vuelos en el país y la que más se benefició con dicha norma. Así mismo, entre el 2010 y el 2015 la aerolínea de capitales chilenos concentró el 75% del valor CIF (costo de origen, flete y seguro) de aeronaves, partes, piezas, repuestos y motores, y el 2016 ese porcentaje subió a 90%. Por tanto con esta nueva Ley se calcula se beneficiaría con más de US$ 1,500 millones, durante los siguientes 5 años.

MEF, MTC

El MEF se opuso e indicó que con esta Ley se reactivaría las distorsiones generadas por la Ley 29624 el mercado, es una ley innecesaria porque existen otros mecanismos que suspenden el pago de impuestos, como el DS 064-2004-EF; genera precedente negativos que favorece a sectores que buscan tratamientos preferenciales frente a la aplicación general de los regímenes aduaneros y tributarios; finalmente genera altos costos económicos al estado, tanto de supervisión como administrativos para su adecuado control, y favorece las prácticas evasivas (fragmentación de empresas, subcontratación, cambios de razón social, etc.) para ser sujeto de aplicación (Oficio 2185-2016-EF/10.1, informe técnico 315-2016-EF/62.01).

El propio Ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giufra, declaró estar en contra de la aprobación de esta ley, enmendándole la plana a un informe previo de su propia cartera que dio opinión favorable (Informe 621-2017-MTC/08), cuando estaba Martin Vizcarra.

La SUNAT ha informado que anualmente se pierden más de S/15,000 millones por exoneraciones, y de otro el BCR ha indicado que la recaudación del gobierno ha disminuido de 14.5% a 13.2% del Producto Bruto Interno (PBI) entre el periodo de julio de 2016 a setiembre de este año (BCR, Reporte a setiembre 2017). De manera que introducir más exoneraciones, terminaría por derrumbar la economía fiscal cuya presión tributaria es una de las más bajas de América Latina. 

Hay presiones de los gremios empresariales, para que se retome la propuesta original y se extienda también a las grandes empresas. (Andina, 23. 10. 2017).

Lobbies

Lo más grave, no es la baja tributación ni las exoneraciones (que se justifican en algunos casos). El problema es la influencia que el poder económico tiene en el Congreso y el gobierno, que puede generar leyes prácticamente con nombre propio, perjudicando a los consumidores y debilitando los márgenes de maniobra del estado para la aplicación de políticas públicas en beneficio de sus ciudadanos.